Dotaciones y ampliaciones ejidales, definición de bienes comunales, improcedencia de nuevos centros de población ejidal ya decretados, sobreposición de terrenos y pueblos sin tierra, los cuales suman alrededor de cien, constituyen la materia de los expedientes agrarios del país, de los cuales casi una terecera parte corresponden a Chiapas.
En este escenario, quienes conocen del tema indican que el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares no logró sumar a los campesinos en los estados de Chiapas y Oaxaca. Hay explicaciones para la oposición, pero una de las que se exponen es que algunas comunidades prefieren litigar con representantes que les asesoran en ese sentido, porque el desorden les promete enormes ganancias producto de una añeja mala planeación y ejecución. Hay ejemplos de eso en Chiapas, pero por el momento no se les citará, pues no obstante la equivocación en que incurren esas comunidades, reaccionan ante cuelquier reflexión sobre esas acutuaciones. Pero es en este marco que Chiapas y Oaxaca son las entidades del país con el mayor rezago en la regularización de las tierras ejidales, de acuerdo con la que fuera la Secretaría de ramo, es decir, la voz indicada.
Sin embargo, esta situación ha puesto a estas comunidades en una situación de autoexclusión que aprovechan sus asesores para cultivar un clima insano de resentimientos. Quienes están cerca del problema, sin embargo, ven diversas razones que habrían orillado a los hombres del campo a no incorporarse al Programa de Certificación, pese a que esto les impide tener acceso a los diferentes apoyos de programas sociales impulsados por el Gobierno Federal.
La administración anterior, en este sentido, intentó poner a disposición de esta comunidades el Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios sin Regularizar, pero el asunto permaneció igual. No obstante lo anterior, un 96 por ciento de los 31 mil 500 núcleos agrarios del país han sido regularizados y por tanto cuentan con certeza jurídica en la tenencia de la tierra, mientras que lo restante, como se ha indicado, principalmente permanece en las dos entidades del sureste.
En el caso particular de Chiapas, se dice que están en conflicto entre 30 mil y 40 mil hectáreas por sobre posición de la tierra, indefinición de límites, copropiedades que deben regularizarse, juicios instaurados en tribunales y Procuraduría Agraria. También casi diez casos pendientes de ocupaciones ilegales en la comunidad Zona Lacandona y Reserva de la Biosfera Montes Azules.
Ahora que viene una nueva dinámica para las comunidades rurales, quienes deberían reconsiderar en este sentido son las propias comunidades, pues debido a esa indefinición los ejidatarios no podrán acceder a los apoyos de los programas gubernamentales. Por eso sería conveniente poner en marcha de nuevo mecanismos para regularizar la propiedad social en la entidad.
En la actualidad, en el país están aún sin resolver más de mil 600 conflictos agrarios que representan un gran rezago en materia jurídica, inseguridad en la tenencia de la tierra y pobreza de ejidatarios, comuneros y propietarios rurales, por lo que se trabaja en su solución para avanzar en proyectos productivos y mejorar la situación del sector, reconoció recientemente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que ha heredado las funciones y responsabilidades de la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria.
Ahora, esta dependencia del Gobierno Federal pretende acelerar las gestiones de solución a los conflictos agrarios, muchos de los cuales fueron abandonados por las dos administraciones pasadas, con resultados graves en cuanto a titulación de predios, delimitaciones, definición de sujetos derechos de tierras ejidales, comunales y de propiedad privada.
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Agro
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19/06/2013
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